Mediante la Ley No. 32089, el Congreso ha delegado diversas facultades al Poder Ejecutivo, entre ellas la relacionada con la regulaci\u00f3n del IGV sobre consumidores finales de servicios digitales (conocida como \u00abtasa Netflix\u00bb) de empresas extranjeras. La exposici\u00f3n de motivos considera que la Ley del IGV vigente ya grava el consumo final de estos servicios, por lo que se limit\u00f3 a pedir facultades para regular este supuesto y la manera de cobrarlo.<\/p>\n\n\n\n
La ley establece que est\u00e1 gravada la utilizaci\u00f3n de servicios de no domiciliados, pero trat\u00e1ndose de personas naturales locales sin negocio, se agrega el requisito de que sean habituales en dicha utilizaci\u00f3n. As\u00ed, con las facultades otorgadas se busca regular esta habitualidad.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el legislador en 1996 (Decreto Legislativo No. 821) jam\u00e1s previ\u00f3 la habitualidad en la utilizaci\u00f3n de servicios para incluir el consumo final. Por sus antecedentes en la Uni\u00f3n Europea y en el tiempo en que se introdujo esta norma, era claro que no ten\u00edan en mente al consumo final ni menos a los servicios digitales que a\u00fan estaban en pa\u00f1ales. En este sentido, se refer\u00eda m\u00e1s bien a personas habituales en la intermediaci\u00f3n de bienes y servicios que pudieran crear valor agregado dentro del pa\u00eds, de modo que resultaba justificado gravarlos a ellos y no al proveedor extranjero para reiniciar la cadena de valor agregado que afectar\u00eda el consumo dentro del pa\u00eds. Por ejemplo, en la RTF No. 6418-1-2014 se entiende que, a falta de regulaci\u00f3n, la habitualidad en la utilizaci\u00f3n de servicios debe reflejar un \u00e1nimo mercantil, lo cual evidentemente es lo opuesto al consumo final.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, en mi opini\u00f3n, la premisa de la que parti\u00f3 el pedido de facultades es una interpretaci\u00f3n evolutiva de la Ley del IGV por la cual se incorpora, sin norma de rango legal de por medio, un nuevo supuesto de consumo final gravado que el legislador nunca tuvo previsto. La letra de la norma, por el principio de legalidad, tiene que ser interpretada a la luz de lo que quiso el legislador en su momento y solo \u00e9ste puede a\u00f1adirle contenido. Por ello, por m\u00e1s que parezca razonable \u201cactualizar\u201d una norma ante nuevas realidades, este tipo de interpretaci\u00f3n es rechazada en la doctrina tributaria, pues facilita al int\u00e9rprete atribuirse indebidamente funciones que solo corresponden al legislador. Que el Congreso haya asumido o pasado por alto esta interpretaci\u00f3n evolutiva en su delegaci\u00f3n no puede entenderse como una modificaci\u00f3n impl\u00edcita de la ley del IGV en este aspecto, pues la Norma VI del C\u00f3digo Tributario requiere modificaci\u00f3n expresa.<\/p>\n\n\n\n
En este orden de ideas, se estar\u00eda ampliando el \u00e1mbito de la habitualidad para incluir un nuevo supuesto de imposici\u00f3n al consumo final de servicios, facultad que no ha sido ni pedida ni delegada, por lo que la norma que se emita podr\u00eda estar viciada de inconstitucionalidad.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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